PHOENIX, EEUU (AFP) - Una jueza federal estadounidense bloqueó este miércoles las partes controversiales de una polémica ley antiinmigrantes de Arizona una victoria para el gobierno de Barack Obama que la había impugnado, un día antes de su entrada en vigencia.

La ley SB1070, rechazada tanto por el gobierno de Obama como por grupos de defensa de hispanos y numerosos países de América Latina, entrará en vigor el jueves sin las disposiciones que en la práctica hacían que por primera vez se declarara la inmigración ilegal como un delito estatal en Estados Unidos.

La jueza federal de Phoenix, Arizona, Susan Bolton, suspendió las partes de la ley que pedían a la policía corroborar el estatus migratorio de toda persona sospechosa de no tener documentos, ya que "probablemente afecte a inmigrantes legales", en el estado fronterizo con México donde viven unos 2 millones de hispanos.

Al introducir una demanda, una de las siete contra la SB1070 que estudia la jueza Bolton, el gobierno de Obama afirmó que las políticas migratorias son potestad exclusiva del gobierno federal, y Bolton reconoció que la administración "probablemente tenga éxito" en demostrarlo.

Se estima que en Arizona habitan unas 460.000 personas indocumentadas de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos, la mayoría de ellos hispanos.

La jueza también bloqueó las disposiciones de la ley, promulgada el 23 de abril por la gobernadora de Arizona Jan Brewer, que convertía en crimen el no portar documentos migratorios y o que inmigrantes ilegales solicitaran trabajo o lo realizaran.

El gobierno de Obama se apresuró en calificar la decisión de "acertada", señaló una portavoz del Departamento de Justicia, Hannah August.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Interior afirmó que el gobierno "velará por el cumplimiento de las leyes federales de inmigración en Arizona y en todo el país de manera sensata y eficaz", dijo el portavoz Matt Chandler.

La gobernadora Brewer anunció que apelará la decisión, inclusive ante la Corte Suprema. "La batalla aún no termina", afirmó.

La SB1070, que había desatado numerosas protestas en su contra a pesar de que según sondeos recientes la mayoría de los estadounidenses estaban de acuerdo con la polémica legislación, fue recibida con agrado por activistas.

"El sistema judicial fue obligado a intervenir e imponer supervisión adulta en respuesta al comportamiento irresponsable y divisivo" de las autoridades de Arizona, indicó en un comunicado el director de la organización America's Voice, Frank Sherry.

Pese a la decisión judicial, los opositores a la medida anunciaron que las diversas manifestaciones contra la ley previstas para el jueves siguen en pie.

Las protestas continuarán porque "hay otros 21 estados queriendo seguir los pasos de Arizona con estas leyes racistas", advirtió a la AFP Paulina González, portavoz de la organización "We Are All Arizona" (Todos Somos Arizona).

Las expresiones de satisfacción se comenzaron a escuchar en América Latina, doce de cuyos países, liderados por México, respaldaban las impugnaciones judiciales contra la ley SB1070.

México afirmó que este miércoles se dio "es un primer paso en la dirección correcta", según dijo la canciller Patricia Espinoza. Los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que contribuyen con gran número de inmigrantes, también celebraron.

El legislador demócrata Luis Gutiérrez, autor de un proyecto de ley de reforma migratoria en el Congreso estadounidense, afirmó que ahora "el gobierno federal debe reformar las leyes para que haya reglas claras que inmigrantes, empleadores, gobiernos locales y estatales puedan seguir".

A pesar de que Obama ha defendido una reforma migratoria que abra un camino para legalizar a los once millones de indocumentados, la Casa Blanca admite que no cuenta con los votos para aprobarla en el Congreso, donde iniciativas similares fracasaron en 2006 y 2007.

Congresistas republicanos por Arizona, entre ellos el influyente John McCain, criticaron la decisión contra la ley de Arizona y exigieron al gobierno reforzar la seguridad fronteriza.