BELFAST, Reino Unido (AFP) - La asamblea regional de Irlanda del Norte aprobó el martes el histórico acuerdo entre católicos y protestantes sobre la transferencia de las competencias de policía y de justicia de Londres a Belfast, última etapa del proceso de paz. Ochenta y ocho diputados votaron a favor y 17 en contra de este acuerdo anunciado el pasado 5 de febrero tras intensas negociaciones entre las dos formaciones asociadas en el gobierno autónomo norirlandés: el protestante Partido Unionista Demócrata (DUP) y el católico Sinn Fein.

La tercera fuerza política de la región, el Partido Unionista del Ulster (UUP), partidario de que Irlanda Norte siga dependiendo del Reino Unido, instó a sus representantes a oponerse.

Esta resistencia provocó el lunes una inhabitual intervención del ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien llamó personalmente al líder de partido conservador británico, David Cameron, para que presionara al UUP, con el que tiene un acuerdo electoral. La gestión fue infructuosa.

Pese a estos desacuerdos, el primer ministro británico, Gordon Brown, acogió con satisfacción lo que calificó de "final definitivo" de los enfrentamientos.

"Hoy la política del progreso ha reemplazado por fin a la política de la división en Irlanda del Norte", declaró Brown en un comunicado.

La devolución "pone un final definitivo a décadas de conflicto" y envía un "poderoso mensaje a quienes desearan regresar a la violencia: que la democracia y la tolerancia prevalecerán", agregó el primer ministro británico.

Gran Bretaña anunció en febrero que otorgará 800 millones de libras adicionales (1.250 millones de dólares, 920 millones de euros) para financiar esta transferencia de competencias, que debe entrar en vigor el 12 de abril.

El jefe del gobierno de Irlanda, Brian Cowen, indicó por su parte que se trataba de una votación "histórica". "Este es un nuevo voto de confianza sobre el futuro de Irlanda del Norte y una nueva prueba que no se va a regresar a los días de odio y de conflicto", agregó.

El traspaso de los poderes de policía y de justicia era el último obstáculo para la aplicación duradera de los acuerdos de paz firmados en 1998, que pusieron fin a 30 años de violencia sectaria con un saldo de 3.500 muertos en esta provincia británica.