BUENOS AIRES (AFP) - La justicia argentina asestó este miércoles un revés al gobierno de Cristina Kirchner al ordenar el cese de la intervención judicial dispuesta a su pedido en la empresa mixta Papel Prensa, cuyos socios mayoritarios son los diarios Clarín y La Nación, que denuncian persecución. El fallo revoca la intervención dispuesta en marzo último por solicitud del Poder Ejecutivo al aludir supuestas irregularidades administrativas en detrimento de los intereses del Estado, socio de Papel Prensa en un 27,46%.

El grupo Clarín posee el 49% y La Nación el 22% de las acciones de la única firma en el país que produce el estratégico insumo de papel para periódicos.

La Cámara Nacional en lo Comercial de la capital argentina consideró que "no existe peligro grave que justifique la intervención en grado de coadministración concedida", según el fallo publicado en el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema.

La decisión judicial se enmarca en un abierto enfrentamiento entre el gobierno por un lado y la oposición y los grandes diarios por el otro que acusan a Kirchner de buscar limitar la libertad de prensa.

El gobierno acusa a Clarín y La Nación de haber actuado en supuesta complicidad con la dictadura (1976-83) para adueñarse en 1976 de Papel Prensa.

Clarín y La Nación negaron la acusación y denunciaron en un comunicado la "persecución y hostigamiento empresario y personal a los que vienen siendo sometidos por el Poder Ejecutivo Nacional" mediante lo que consideran "falsas imputaciones".

El gobierno instruyó el martes por decreto a la secretaría de Derechos Humanos a presentar en el fuero penal un pedido para que se investigue si en la compra de Papel Prensa se cometió un delito de lesa humanidad y pidió ser parte querellante, según se publicó en el Boletín Oficial.

"Apelando nuevamente al falseamiento y a la distorsión histórica, el texto (del decreto) busca criminalizar la adquisición de acciones de Papel Prensa por ambos diarios, que fue realizada 34 años atrás de manera absolutamente legítima", dice el comunicado de Clarín y La Nación.

Por otro lado el gobierno elevó al Congreso el viernes último un proyecto de ley para declarar "de interés público" la producción, distribución y comercialización de papel para diarios, lo que fue rechazado por la oposición por considerar que viola garantías constitucionales sobre libertad de prensa.

Según el Ejecutivo el proyecto busca un "abastecimiento igualitario" a todos los medios de prensa del papel para periódicos, aunque miembros de la oposición denunciaron que la medida persigue el control de la distribución del insumo.

Semanas atrás el gobierno canceló por presuntas irregularidades la licencia de la firma Fibertel, también del grupo Clarín, que brinda servicios de internet a un millón de usuarios, sobre un total de 4,2 millones en el país.

En 2009, el gobierno le quitó al Grupo Clarín la licencia exclusiva de transmisión por paga de partidos del fútbol argentino y se la transfirió a la televisión pública.

En medio de la disputa, el gobierno publicó este miércoles la reglamentación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que pone límites a la concentración de medios y que es rechazada por los grandes diarios.